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Ecuador: juicio contra Chevron-Texaco y derechos humanos y ambientales

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Chevron contaminó la Amazonía ecuatoriana durante sus 26 años de operación. Por eso, los afectados de las provincias de Orellana y Sucumbíos siguieron un juicio que el 3 de noviembre del 2013 cumplió dos décadas. Los afectados debieron esperar 20 años para que la justicia ecuatoriana, en todas sus instancias, ratificara el crimen ambiental cometido por la petrolera.

Autor: Campaña Chevron Tóxico & UDAPT

El último fallo, fue emitido el 12 de noviembre del 2013, por la Corte Nacional de Justicia, que revisó el caso en casación. Sin embargo, y a pesar de tener una sentencia en firme y aunque para muchos pareciera el fin de esta lucha, en realidad se trata del inicio, pues con el dictamen arrancan las acciones de cobro en otros países; eso porque la petrolera se ha negado a cumplir con sus obligaciones. Los abogados de los demandados han iniciado acciones de cobro en países, en los cuales Chevron tiene activos.

“La justicia nos ha dado la razón, porque tenemos a la verdad de aliada. Seguiremos nuestra lucha hasta cumplir nuestro anhelo: la reparación de nuestro hogar, de la madre naturaleza, hasta que eso sea una realidad, solo ahí veremos la verdadera justicia. Cuando ni más vidas ni más plantas ni animales mueran a causa de la contaminación dejada por Chevron”, dijo Humberto Piaguaje, presidente de la Unión de Afectados por Texaco.

Qué motivó el juicio contra Chevron-Texaco

Chevron-Texaco, durante las operaciones de exploración y explotación petrolera, en las provincias de Sucumbíos y Orellana, ubicadas en la zona norte de la Amazonía ecuatoriana, produjo el daño ambiental más grande que la historia mundial registre en este ámbito. Las operaciones antitécnicas ejecutadas por la petrolera, durante 1964 y 1990, para la extracción de crudo y gas, en una de las zonas más mega diversas del planeta, provocó un grave daño en unas 450 mil hectáreas.

La compañía, a través de sus abogados y en publicaciones pagadas en los medios de comunicación admitió públicamente haber arrojado 16 mil millones de galones (cada galón tiene 4 litros) de agua de formación (agua tóxica que queda de la extracción del crudo) a los esteros y ríos de la zona, que son la principal fuente de este líquido para 1quienes habitan en la región. También vertió, intencionalmente, 650.000 barriles de crudo en el suelo y en las vías. [1]

Construyó 880 fosas, sin ningún tipo de recubrimiento ni aislante, lo que le significó un importante ahorro, y en ellas vertió crudo y sus desechos. Por presiones del Estado ecuatoriano, efectuó, en la tercera parte de las piscinas abiertas, una supuesta limpieza, que consistió en tapar las piscinas con tierra, desechos de la misma petrolera, neumáticos, cemento y la colocación de cobertura vegetal en muchos casos. Por efecto de esta acción, hasta estos días el crudo continúa aflorando y contaminando los suelos, la tierra y afectando a las plantas, animales y a las personas.

La contaminación producida por la acción de Chevron ha cobrado cientos de vidas humanas. En Sucumbíos y Orellana se registran los índices más altos de cáncer en relación con las otras provincias del Ecuador, e incluso en aquellas donde se realizan actividades extractivas. La cifra es tres a uno si se compara con el resto del país y en las zonas donde hay residuos la cifra se eleva a cinco. Por efecto de la intervención de la petrolera se extinguieron dos pueblos indígenas ancestrales: los Tetetes y Sansahuari; mientras que Cofanes, Siona y Siekopai, tuvieron que migrar a otras zonas, huyendo de la afectación producida y ahora se encuentran en peligro de desaparecer.

A ello se suman el impacto económico sufrido por los campesinos que quedaron con tierras infértiles y perdieron sus animales de corral: gallinas, vacas, caballos, chanchos, entre otros, que murieron y siguen muriendo por la contaminación. Muchos de ellos caen hasta ahora en las fosas o esteros y se contaminan.

Quiénes demandaron a Texaco

El 3 de noviembre de 1993, hace 20 años, se instaura el litigio legal contra Chevron (antes Texaco), primero en Cortes norteamericanas y a partir del 2003 en Ecuador. Desde entonces los miembros de la Asamblea de Afectados realizan acciones permanentes para evitar que la presión económica y política de Chevron influya en las decisiones judiciales. En una acción privada, 30.000 ecuatorianos amazónicos, entre los que se cuentan indígenas y colonos, demandaron por daño ambiental a la petrolera Chevron-Texaco, a inicios de la década de 1990. Los firmantes se organizaron en la “Asamblea de Afectados por Texaco”, que a su vez estuvo representada en el Frente de Defensa de la Amazonía, conformado el 1 de mayo de 1994 y que obtuvo personería jurídica en el 2008.

El Frente de Defensa, es una organización de base que funciona y trabaja a partir de acuerdos consensuados, tomados en las asambleas en las que participan sus bases. Al inicio era el escenario en donde se decidía lo que sucedería con el caso. La Asamblea de Afectados por Texaco, adquirió su vida jurídica en noviembre de 2012, bajo el nombre de Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de la petrolera Texaco. La UPDAT integra a quienes están organizadas en: las asociaciones de afectados y afectadas en cada campo petrolero que fue operado por Texaco; las nacionalidades ancestrales Cofán, Siekopai, Waorani y Siona; y, las comunidades Kichwa de la Amazonía y Shuar asentadas directamente en los campos que fueron operados por Texaco. La constancia de este grupo es la que sostiene a este emblemático caso. La lucha colectiva no busca beneficios particulares, sino la reparación del daño causado por la petrolera. Al momento la UPDAT se prepara para la reparación, una vez que se ha obtenido sentencia favorable; para ello se ha conformado el fideicomiso, se está capacitando a los afectados y afectadas y se está trabajando en la conformación de veedurías.

No es persecución contra multinacionales

Los afectados por Texaco no tienen propósito alguno de dañar a terceros, ni perseguir a las multinacionales ni otras petroleras. La causa es exclusivamente contra Chevron, que no cumplió con la responsabilidad social que le correspondía, ya que contaminó la tierra, el agua y el aire; provocó el daño de los territorios ancestrales y la pérdida de la diversidad de la zona; provocó la muerte de muchos ciudadanos ecuatorianos y el desplazamiento de colectivos ancestrales.

En los análisis realizados durante el juicio y que reposan en los archivos de la Corte Provincial de Sucumbíos reposan las declaraciones de pobladores que dan cuenta de las persecuciones, raptos y violaciones a mujeres de parte de los trabajadores de la petrolera; la descomposición social marcada por la introducción del alcohol; el incremento de violencia social, robos y otros actos ajenos a la forma de vida de las comunidades que habitaban antes del ingreso de Chevron.

Cronología del juicio

El 3 de noviembre de 1993, 15 personas, entre colonos e indígenas Cofanes, Secoyas y Kichwas de Orellana y Sucumbíos, mediante una “acción de clase” [2] , presentaron una demanda contra la petrolera Texaco en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, acusándola de haber contaminado el ambiente y afectado a la salud de la gente debido al uso de tecnología barata y obsoleta durante la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana (1964 hasta 1990). Organizaciones campesinas, de mujeres, de derechos humanos, jóvenes, gremios y barrios, decidieron apoyar esta demanda y convocaron a más organizaciones sociales de la región para formar una coalición que apoye y sostenga este proceso que se iniciaba.

Luego de varias reuniones en las que participaron comunidades de colonos, nacionalidades indígenas, federaciones de organizaciones sociales y campesinas, organizaciones no gubernamentales, se conformó el Frente de Defensa de la Amazonía, el 16 de mayo de 1994.

En ese año se iniciaron las primeras reuniones entre el gobierno y Texaco, a fin de definir una propuesta para un acuerdo amistoso frente a la demanda presentada en Nueva York. Con el fin de evadir la acción judicial en su contra, Texaco suscribió con el Estado ecuatoriano el Convenio de “reparación ambiental”, que entró en ejecución en 1996. Los trabajos realizados por Texaco fueron cuestionados por los demandantes y posteriormente por la Contraloría General del Estado (Organismo de Control del Ecuador, que tiene como obligación velar por el cumplimiento de los contratos que cualquier entidad suscribe con el Estado ecuatoriano).

Por presión de la petrolera, el 16 de agosto de 2002 la Corte de Apelaciones de Nueva York, resolvió enviar el caso al Ecuador. Los demandantes de forma unánime decidieron seguir con la acción judicial y el 7 de mayo de 2003 se presentó la demanda en la Corte Superior de Nueva Loja; el 21 de octubre de ese año miles de afectados se movilizaron a la ciudad de Nueva Loja para participar en la audiencia con el que se inició este juicio histórico, convirtiéndose este caso en el único en el mundo donde gente directamente afectada es capaz de someter a la justicia de su país a una poderosa compañía petrolera transnacional. Desde entonces, las comunidades están en permanente acción para vigilar el proceso judicial y tomar las decisiones trascendentales del caso.

Dentro del proceso judicial, los demandantes se preocuparon por probar, como en derecho se requiere, todas las acusaciones contra la petrolera. Gran parte de la prueba que reposa en el juicio fue producida y pagada por la misma empresa demandada (el 70% del total). En el record o expediente, se acumularon más de 230.000 páginas de información, se receptaron más de 40 testimonios de personas afectadas por las operaciones de Texaco, se incorporaron 106 informes periciales, 60 de los cuales fueron pagados totalmente por Chevron; se produjeron más de 80.000 resultados químicos de las muestras tomadas en el suelo, aguas o sedimentos; se entregaron a los jueces varios estudios de salud elaborados en forma independiente por expertos extranjeros. El juez inspeccionó y verificó directamente los daños causados en 54 sitios operados por la petrolera.

En conclusión, la prueba científica existente en el juicio es abrumadora y determina de manera contundente la culpabilidad de la petrolera en los daños ambientales provocados y los impactos sociales, culturales y económicos.

El 14 de febrero de 2011, el Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos, juez Nicolás Zambrano, emitió la primera sentencia en contra de Chevron Texaco. El veredicto fue en favor de los demandantes y se sentenció a la petrolera al pago de 9,5 millones de dólares para ser empleados en la reparación del daño ambiental, que incluye limpieza de los suelos, instalación de sistemas de agua e implementación de sistemas de salud para la zona.

Además el juez impuso una sanción punitiva que consistía en que Chevron pidiera disculpas públicas a los afectados, en un plazo de 15 días posterior a la sentencia. En caso de no hacerlo la sanción se incrementaría al doble del monto señalado. Acatando esta disposición, ahora la petrolera debe a los afectados más de 19 mil millones de dólares, monto que se iba a destinar en un plan para la recuperación y fortalecimiento de los pueblos ancestrales, limpieza de vías donde se arrojó crudos y la implementación de un plan económico para los campesinos que tienen tierras afectadas por la contaminación. El 3 de enero de 2012, el pleno de la Corte Provincial de Sucumbíos, ratifica la sentencia en segunda instancia y el 23 de julio de 2012 liquida el monto total a cancelar por parte de la petrolera y que asciende a 19.021.552.000 de dólares (Diecinueve mil veintiún millones y quinientos cincuenta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América).

Luego de la ratificación, el 29 de marzo de 2012, Chevron interpone ante la Corte Nacional de Justicia, un recurso extraordinario, conocido como Casación, según el cual se pide la revisión de la legalidad de la sentencia, sin que los jueces puedan analizar el contenido del juicio. Para el efecto la petrolera presenta argumentos que fueron discutidos y dilucidados durante el largo proceso judicial, sin que sus abogados hayan presentado las pruebas fehacientes. El 12 de noviembre del 2013, la Sala de los Civil y Mercantil, de la Corte Nacional de Justicia, integrada por los jueces: Wilson Andino (ponente), Eduardo Bermúdez y Lucía Toledo. Ratificaron las sentencia condenatoria, pero eliminaron los castigos punitivos, con lo que Chevron debe pagar el monto inicial que asciende a más de 9 mil millones de dólares. Con este dictamen la petrolera ha sido sancionada en todas las instancias de la justicia ecuatoriana y en todas ellas ha sido señalada como culpable de contaminar la Amazonía 5ecuatoriana. A pesar de ello ahora ha interpuesto un recurso ante la Corte Constitucional de Ecuador, alegando violación a los derechos constitucionales, lo que demuestra su intención de desconocer la validad de la sentencia y evadir las acciones de cobro, que al momento son tramitadas en varios países.

Cómo se garantizará el uso del dinero en la reparación

Al ser una acción colectiva, el dinero recibido por efecto de esta demanda no podrá ser utilizado de manera individual por persona alguna. La misma sentencia establece que se deberá crear un fideicomiso a través del cual se administrarán los fondos para lo dispuesto en el documento al que se hace referencia.

Esta forma de administración garantizará la transparencia del uso de los recursos y que cumplan la finalidad perseguida durante los más de 18 años de litigio.

Estrategia de Chevron durante el juicio

La estrategia de Chevron para defenderse de las acusaciones ha sido evolutiva y con distintas orientaciones. En primer lugar intentaron demostrar su inocencia sacando a relucir argumentos, como:

  • El Petróleo es un producto inocuo que no causa efectos negativos en la salud de las personas.
  • La empresa utilizó la mejor tecnología existente en esos años.
    En el período de operación de Texaco, no existían normas o leyes que protejan el ambiente en el país.
  • La empresa actuó de acuerdo al marco jurídico existente en el Ecuador.
  • El Estado liberó a Texaco de toda responsabilidad.
  • Texaco remedió la parte que le correspondía.
  • Existía un consorcio, por lo tanto según Chevron, los dos socios son responsables del daño causado.

Todos esos argumentos en los que basó su defensa la petrolera, fueron desvirtuados por los demandantes dentro del proceso.

Una vez que Chevron se dio cuenta, que sus alegatos no eran consistentes y que la prueba en su contra era contundente, optó por fortalecer su presión política en contra del Estado ecuatoriano con el fin de obligar al Gobierno de la República del Ecuador a inmiscuirse en un litigio que es entre particulares. Para lograr su objetivo ha realizado algunas actividades entre las que se señalan:

  • Lobby. En este contexto, intensificó su campaña de lobby (negociación a distintos niveles) en los Estados Unidos [3]. La tarea de los lobistas fue convencer a los Senadores y al Gobierno norteamericano para que no se celebren acuerdos comerciales con el Ecuador, hasta que el Gobierno de Ecuador suspendiera se inmiscuyera en la Función Judicial y dispusiera la suspensión del proceso.
  • Procesos arbitrales. Chevron hasta la actualidad ha planteado tres arbitrajes internacionales y solo ha tenido éxito en uno de ellos, al obtener un laudo favorable por 96 millones de dólares, que el Estado ecuatoriano deberá pagar a la petrolera. El tercer laudo aún está en proceso. Los arbitrajes internacionales son contrarios a los derechos de las poblaciones afectadas y deslegitiman la figura del arbitraje, como en este caso donde con sus resoluciones se extralimitan en sus competencias y dictan sentencias por sobre la independencia de los sistemas jurídicos y la soberanía de los Estados.
  • Presión política. Hay documentos en los cuales se evidencia la forma como Chevron mantuvo fuerte influencia sobre distintas autoridades del Gobierno ecuatoriano. En la medida que el proceso judicial avanzó y se dejó que los jueces actúen de forma independiente, Chevron arremetió con una campaña de desprestigio al Gobierno y al sistema jurídico del Ecuador, intentando presionar políticamente a los jueces. Para esto usó los servicios de la Embajada de Estados Unidos en Quito.
  • Ataque al sistema judicial ecuatoriano. Desde el 2008 hasta la fecha, Chevron ha intensificado su campaña internacional en contra del sistema judicial ecuatoriano, pretendiendo convencer a la opinión pública nacional e internacional, que la justicia en el Ecuador no es independiente y por lo tanto ninguna sentencia que salga de las Cortes ecuatorianas debe ser ejecutada en el exterior. Adicionalmente, Chevron logró que un Juez de Nueva York, emita una resolución descalificando al sistema judicial de Ecuador, lo que fue suspendido posteriormente por un Tribunal Superior, lo que se ratificó en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
  • Ataque al equipo jurídico y técnico de los demandantes. La última fase de la estrategia de Chevron se orientó a descalificar y de ser posible sacar de la defensa de los demandantes al equipo legal, dirigentes principales y expertos que conocen el tema.

Conclusiones

Las pruebas existentes y la realidad son tan obvias que la petrolera ha sido condenada a pagar más de 19.000 millones de dólares. El Sistema judicial ecuatoriano, que fue la instancia que la propia empresa escogió, comprobó la existencia del crimen ambiental. La respuesta de Chevron ha sido su constante negativa a pagar la condena, lo cual cada vez se hace más difícil, puesto que la contundencia de las pruebas y la validez de la sentencia, sumada a las acciones irresponsables que caraterizan a la petrolera han generado graves impactos en diversas partes del mundo, lo que pone en duda su credibilidad y aumenta su vulnerabilidad en países donde tiene considerables activos y existen jueces que aplicarán la Ley como corresponde.

Caso RICO

El 15 de octubre del 2013, en la corte Distrital de Nueva York, el juez Lewis Kaplan, quien actúa a favor de Chevron, llamó al os 47 firmantes de la demanda en contra de la Petrolera Chevron en el Ecuador, así como a sus representantes legales, a ser juzgados por extorsión bajo una ley que sirve contra las mafias y el crimen organizado, RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).

La ley RICO, es una Ley Federal estadounidense, que tiene implicaciones tanto penales como civiles; fue creada en la década de 1970, para luchar contra la mafia y el crimen organizado. Chevron demanda a las comunidades ecuatorianas, sus abogados y representantes bajo esta ley, aduciendo que se trata de una organización delictiva que tiene el fin de extorsionar a la empresa. A decir de expertos, lo que hace la petrolera es comparar a los amazónicos con la mafia, lo que significa una agresión más a quienes han debido sufrir por la contaminación que dejó durante sus 24 años de operación en el norte de la Amazonia ecuatoriana.

Tal como se había previsto este proceso se llevó en total indefensión para los ecuatorianos. Kaplan estableció una serie de pruebas que solo beneficiaban a Chevron: prohibió hablar del tema ambiental (cuando este es el origen del juicio), limitó las declaraciones de los testigos de los demandados. Eso, además de que Chevron tenía más de 40 abogados, mientras que del lado de los afectados no llegaban ni a 10, incluyendo pasantes.

Hasta el 20 de enero 2014, las partes tenían plazo para presentar los alegatos y a partir de ahí el juez podía emitir su sentencia en cualquier instancia. A decir de los abogados de los demandantes se prevé que el dictamen de Kaplan sea a favor de la petrolera, pues siempre ha fallado a favor de la empresa y no hay razón para que sea de una manera diferente. Es más, Kaplan, durante el proceso, actuó como un abogado más de la petrolera.

Daño ambiental provocado por Texaco

Afectación al ecosistema

26 años duró la concesión de Chevron (1964 y 1990) en la Amazonía ecuatoriana. Ese período estuvo marcado por las malas prácticas extractivistas que afectaron al ambiente, a las personas, a la flora y a la fauna. La alteración del ecosistema provocó el desplazamiento de las poblaciones indígenas de sus territorios ancestrales. “Hemos vivido de la cacería y de la pesca y el ambiente fue saludable. Luego del año 70 en adelante, cambió”, Celestino Piaguaje, de la nacionalidad Secoya, vecino de la estación Aguarico.

Los pobladores de la Amazonía aún recuerdan que Texaco abrió unas fosas y las llenó con petróleo. Eran excavaciones sin ningún tipo de recubrimiento o material que impidiera que se filtrara el crudo. Esta práctica no era aprobada ni practicada en ninguna parte del mundo; incluso a la fecha, la petrolera utilizaba en Estados Unidos la técnica de reinyección, por tanto su acción irresponsable en la selva amazónica, no fue por desconocimiento ni falta de tecnología adecuada, sino por disminuir sus costos de producción. A los pobladores de la zona les dijeron que no pasaba nada, que el petróleo no migraba, pero en la práctica no fue así, hasta la fecha el combustible llega a los esteros y ríos, eso porque las fosas se abrieron arriba de los afluentes para que por ahí evacuaran [4].

“Se veía que metían máquinas y máquinas y hacían huecos”, cuenta Celestino. Hicieron tantas fosas que no se sabe el número exacto. La Corte de Sucumbíos señaló 356 pozos, con sus respectivas piscinas, lo que alcanza unas 880 fosas, aunque los pobladores a diario siguen hallando otras que fueron escondidas y de las cuales hasta ahora vierte petróleo [5].

“El engaño fue grande. Chevron dijo que limpiaría las piscinas que sacaría el petróleo y dejaría el ambiente sano; mintió. Solo intervino en 157 fosas, para lo que contrató a una empresa [6] que se encargó de rellenarlas con palos, tierra y hasta cemento. “botaban volquetas de tierra y luego hacían como cama de palos y ponían más tierra. Eso decían que era la remediación, pero metiendo un palo salía el petróleo, con el tiempo ya vierte solo”, cuenta Servio Curipoma. Junto a su casa hay tres piscinas supuestamente remediadas.

Además, arrojó el agua tóxica que sale de la extracción del petróleo, una de las principales sustancia causante del cáncer. Hay más de 80.000 análisis que reflejan la existencia de productos tóxicos en el suelo y en el agua por esta razón. Rodrigo Pérez Pallares, representante legal de Texaco, admitió públicamente que vertieron 15.834 millones de galones (c/g 4 litros) de este líquido entre 1972 y 1990.

De acuerdo a los últimos datos del Censo de Población y Vivienda realizado en Ecuador, en Orellana y Sucumbíos, el 47% de la población accede a agua de ríos, acequias, vertientes (16%) y pozos (31%) [7].

El crudo arrojado en las carreteras para evitar el polvo cuando circulaban sus camiones, afectó a los moradores: “No había forma de sacarse el petróleo, trabajadores de Texaco nos regalaban un combustible fuertísimo para lavarnos. Luego, la piel se partía, salían llagas y sangraba”, señaló Nelson Maldonado, quien vive en Orellana.

La contaminación también llegó por el aire. Chevron instaló mecheros que sirven para quemar el gas que sale del petróleo, que no funcionaban en toda su capacidad y el gas se esparcía por la zona. “Los olores eran insoportables. En las noches cuando uno ya cerraba las puertas se quedaba en los cuartos, daban ganas de vomitar, dolía la cabeza, la garganta”, relata Hugo Ureña, de Orellana. Lo más complicado era cuando llovía el hollín caía en el agua lluvia que las personas recogían como esperanza de tener líquido limpio. “Guardábamos agua lluvia porque la de los ríos estaba dañada pero cuando caía el hollín esta se ensuciaba y no servía de nada”.

Salud

Nelson Alvarado sostiene entre sus manos un certificado médico del Hospital Eugenio Espejo (Hospital público de Quito). Él resalta lo que se lee en la hoja arrugada: cáncer al estómago. Eso es lo que le quedó de su madre, Rosario Román, quien murió por esta afectación.

Él no entiende que este resultado es parte de las estadísticas que demuestran que quienes viven en la provincia de Orellana, al igual que en la de Sucumbíos tienen tres veces más cáncer que el resto del país y la cifra es mayor si se compara con la misma zona que no ha sido expuesta a la contaminación. En ese caso el indicador es 6 a 1 [8].

Nelson no sabe esta comparación pero entiende bien que así es, lo comprende cuando cuenta que sus vecinos también han muerto por cáncer y que otros, incluso él mismo tiene problemas de salud relacionados con la contaminación.

Él vive en la Parroquia Taracoa, Provincia de Orellana, a unos metros del pozo Auca 3, que fue operado por Texaco. “Ahora ya no se ve la contaminación pero hasta antes se veía el petróleo. Además, el hollín que salía de los mecheros también nos afectaba”, cuenta Nelson.

Según el Registro Nacional de Tumores existe un incremento progresivo de casos de cáncer de los residentes de las provincias de Orellana y Sucumbíos. Según la localización del cáncer y el período de diagnóstico, en las dos provincias, se registra mayor incidencia de cáncer de estómago, sistema hematopoyético y retículo endotelial, cuello uterino, piel y ganglios linfáticos.

Eso también lo conoce Nelson, su esposa sufre continuamente de infecciones de vías urinarias, una vecina suya fue operada de al útero. Él teme que su esposa también sea afectada por algo así.

Justo donde ahora está su casa, una construcción de madera y bloque, ocurrieron dos grandes derrames de petróleo. Los residuos aún se encuentran debajo de su vivienda. Cuando Nelson abre un hoyo de unos 15 centímetros de profundidad lo halla, sabe que el hidrocarburo o sus residuos se han filtrado de tal manera que aún siguen saliendo en el agua que extrae con una bomba.

Nelson también ha escuchado de los casos de leucemia que afectan principalmente a los niños. La incidencia de esta enfermedad en niños de entre 0 y 4 años [9] es tres veces mayor en comparación al resto del país y lo más preocupante, como lo han indicado expertos norteamericanos es que los casos de cáncer se seguirán presentando por 70 años más, si se limpia la Amazonía ahora.

Impactos sociales y culturales

“Cambió totalmente la vida, lo que nos obligó a buscar otra forma de subsistir porque ya no había cacería ni pesca”, dice Celestino Piaguaje. Las cinco nacionalidades indígenas [10] que históricamente han vivido en la zona debieron desplazarse de sus territorios ancestrales, a lo que se suman las seis áreas declaradas como protegidas y que no están exentas de los impactos provocados por las actividades petroleras. La extracción de crudo afectó las bases de la subsistencia campesina e indígena. De acuerdo a encuestas realizadas, el 94% de la población de la zona sufrió la pérdida de animales por efecto de la contaminación; también fueron afectados los cultivos; se estimada que de las 4 hectáreas que posee en promedio cada familia, 2.6 de ellas han sido dañadas.

Qué impulsa las acciones fuera de Ecuador

Chevron, en prevención de que la Corte ecuatoriana dictaminara en su contra, retiró todos los activos que mantenía en Ecuador, lo que determinó que los demandantes recurrieran a tramitar el cobro de la sentencia en varios países del mundo donde la petrolera mantiene importantes inversiones, luego de que la justicia ecuatoriana comprobó la existencia de un delito que debe ser resarcido. Cabe anotar que la sentencia es ejecutable en cualquier parte del mundo.

Actualmente se ejecutan acciones en Canadá, donde la justicia de ese país reconoció jurisdicción para el trámite y dejó suspenso el trámite hasta que se comprobara la propiedad de Chevron Corp., sobre Chevron Canadá, proceso que se ventila en esta fecha en la Corte Suprema de Ontario.

En Argentina, la presión política y económica de Chevron sobre el Gobierno Argentino, determinó que la Corte Suprema de Justicia levantara el embargo que había sido dictaminado en dos instancias de las Cortes de ese país. Al momento se analizan los próximos pasos a seguir para las acciones de cobro en ese país.

En Brasil, se solicitó el trámite de homologación de sentencia, que está siendo analizado por la Corte Suprema de Justicia brasileña.

Notas:

[1] La petrolera arrojaba al suelo el primer crudo que sacaba del pozo y que era bombeado durante un día para medir la capacidad de producción del yacimiento y la densidad del hidrocarburo. Esta técnica empleada deliberadamente por la compañía en la Amazonía ecuatoriana fue obsoleta y no se usaba en ninguna parte del mundo. Texaco la empleó en la Amazonía ecuatoriana para ahorrarse dinero.

[2] Acción de clase es un figura dentro de la justicia norteamericana, referente a casos iniciados contra una compañía, cuyas acciones han dañado a mucha gente de una manera similar.

[3] Chevron durante los últimos cinco años ha pagado más de 30.000.000 de dólares a lobistas.

[4] La contaminación en la Amazonía dañó un área similar a la de Long Island, en los Estados Unidos, es decir, 3567 km2 (1377 millas cuadradas).

[5] Las fosas se determinaron con fotografías aéreas e inspecciones realizadas por el Instituto Geográfico Militar. Sentencia en primera instancia emitida por el Juez Nicolás Zambrano, el 14 de febrero del 2011, pág. 125.

[6] Por los supuestos trabajos de remediación Chevron pagó 40 millones de dólares.

[7] INEC.- Censo de Población y Vivienda 2010.

[8] Estudio realizado por Carlos Martín Beristain, Itziar Fernández y Darío Paéz, en el 2008.

[9] Martin Carlos, Itziar Fernández, Páez Rovira Darío, las palabras de la selva, Rovira, 2008, Bilbao, editado por el Instituto de Estudios Sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, pág 83. Hurting AK. y San Sebastian M., “Incidence of Childhood Leukemia and Oil Exploitation in the Amazon Basin of Ecuador”, International Journal of Occupational and Environmental Health, 2004 Jul-Sep; 10(3):245-50.

[10] Sionas, Secoyas, Cofanes, Kichwas y Waoranis.

Publicado en el sitio Alterinfos, 30 julio 2015, aquí …

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