Otra vez la trampa entre la propiedad y el acceso a los recursos naturales en la Constitución de Chile
Eduardo Gudynas
La propiedad sobre los recursos naturales, como pueden ser los yacimientos de minerales, y el acceso a ellos, como el que llevan adelante las corporaciones mineras, sigue siendo uno de los problemas recurrentes en el debate constituyente. Es una cuestión sobre la que se ejercen enormes presiones y es por ello que algunos aspectos clave quedaron para las últimas sesiones del pleno de la convención.
Los convencionales ya aprobaron que los recursos naturales en el subsuelo son “bienes comunes naturales”, y que en el caso de los minerales están bajo el “dominio” del Estado. Por lo tanto, la disputa está ahora en cómo controlar el acceso a esos recursos. Es así que se llega a esta última etapa donde hay una propuesta, esgrimida por el Frente Amplio y con apoyo de otros sectores, que establece que se accederá a esos recursos por medio de “títulos administrativos”.
Un problema, y de la mayor gravedad, es que los procedimientos para acceder a los recursos naturales por medio de “títulos” puede desembocar en repetir todos los conocidos males de la privatización, con sus consecuencias de crisis ambientales y conflictos sociales.
Recordemos que la vieja Constitución de 1980 reconocía la propiedad nacional de recursos naturales como los minerales o el agua, pero al mismo tiempo permitía su explotación por concesiones, lo que son un tipo de “títulos”. Estos, a su vez, fueron blindados por derechos a la propiedad privada y protección de contratos por encima de cualquier otro derecho. Se llega a un extremo donde no importa quién es el “dueño” de un recurso natural, ya que quien posee la autorización de concesión se vuelve en el “propietario” del acceso, inmune a cualquier demanda o reclamo. Esa es una de las trampas de la vieja constitución, para utilizar la metáfora de Fernando Atria de la “constitución tramposa” en su libro de 2013.
Lo sorprendente es que la propuesta actual del progresismo puede repetir todos los problemas de la vieja constitución. Y es más sorpresivo que eso sea defendido por Atria porque significaría crear otra vez una trampa constitucional. No sólo eso, sino que en su redacción actual implicaría la imposibilidad de revisar las concesiones pasadas con lo cual se mantendrían todos los problemas de impactos en esas actividades y sus controvertidos manejos económicos (1).
Los políticos conservadores y el empresariado extractivista están acostumbrados a manejarse en regímenes legales donde los recursos naturales son propiedad de la nación o del Estado. Eso es muy común por ejemplo en el sector petrolero. Las empresas ponen su interés en controlar el acceso, ya que eso les permite remover, procesar y comercializar los recursos naturales. Allí están los negocios y la rentabilidad. La redacción que propone el Frente Amplio y otros grupos permitiría repetir todos los conocidos problemas con la minería y otros sectores extractivistas, haciendo que el reconocimiento de los bienes comunes o los derechos de la Naturaleza quedaran en segundo lugar.
Esa disputa está ahora marcha en Chile y no siempre es advertida. Los actores empresariales alertan sobre lo que califican como un riesgo para la minería en el futuro, y hasta el subsecretario, Willy Kracht, sostiene “somos un país minero” alimentando el mito que esa actividad estaría en el ADN de la cultura nacional volviendo inconcebible cualquier opción alternativa. Una y otra vez se esgrime la idea que la ciudadanía en su mayoría apoya ese tipo de minería y que las demandas ambientales son propias de una minoría radical y no de un sentir popular.
Pero en realidad, esa postura de los políticos tradicionales otra vez está en contradicción con la marcha de la opinión pública. Es que el 81% de los chilenos entienden que los ríos, lagos y humedales deben ser bienes nacionales y públicos en el nuevo régimen constitucional, el 63% reclama lo mismo para las playas y océanos, y un poco más de la mitad sostienen que el derecho del acceso al agua es su primera prioridad. Estas tendencias, todas ellas impresionantes, son las que resultan de la muy reciente Encuesta Nacional de Medio Ambiente (2).
Siguiendo esa perspectiva, cuando en la encuesta se analizan los derechos, los referidos a la calidad ambiental aparecen en segundo y cuarto lugar de prioridad para la ciudadanía. El derecho a una vida digna y segura recibe 66% de las respuestas, seguido por el derecho al agua potable y saneamiento (54%), a la vivienda (50%) y a un ambiente sano y clima seguro (41%).
Más allá del contexto constitucional, en el listado de los temas más urgentes y relevantes para el país en el primer lugar está la seguridad (65%), la salud (41%) y la calidad ambiental es el tercero (39%).
Esas prioridades y demandas ciudadanas están todas ellas en riesgo o son imposibles bajo los actuales modos de apropiación de la Naturaleza. Por ejemplo, el reclamos por acceso al agua y que ésta sea de calidad y no esté contaminada, sólo es posible si se reforma su régimen de propiedad y los controles ambientales. De no hacerlo, se repetirán todos los impactos por contaminación que conocemos, persistirá el blindaje bajo los títulos de propiedad que impiden el acceso al agua de las mayorías y que hace posible que unos pocos las contaminen. Contradicciones iguales se repiten en los sectores mineros o forestales.
Parecería que una parte sustancial de la política convencional que opera en la Convención no entiende esa vinculación. Como sus posturas llevan a un régimen de propiedad y acceso que deja abierto flancos análogos a los de la vieja Constitución de 1980, a lo que se suma la insistencia de algunos convencionales y muchas figuras claves del actual gobierno en persistir con los modelos clásicos de minería y proteger otros extractivismos, con todo eso, se vuelve imposible resolver ese mandato de proteger los recursos naturales, asegurar la calidad ambiental y una vida digna para las mayorías.
Es conocida la oposición de los convencionales y partidos de la derecha contra ese tipo de derechos o de cualquier regulación que afecte la economía privatista basada en los recursos naturales. Asociada a ella termina operando en esa misma dirección las posiciones del progresismo, como por ejemplo del Frente Amplio, repitiendo la contradicción que se ha observado en países vecinos. En efecto, por un lado el progresismo tiene un discurso que invoca la necesidad de reconciliarse con la Naturaleza pero otro lado toma medidas concretas que favorecen, e incluso promueven, más extractivismos con todos sus severos impactos ambientales y sociales.
Es más, con las retóricas que desdeñan las urgencias ambientales o las adjetivan como radicales, también alimentan esas tendencias afines a rechazar el proyecto constitucional en el plebiscito de setiembre (la encuesta CADEM ubica el rechazo en el 48% de la intención de voto; 3). Esto además tiene otro efecto negativo en tanto acorrala a los convencionales independientes que provienen de los movimientos sociales, imaginando que si se suman más cambios se potencia aún más esa intención de voto de rechazo. La derecha y otros sectores conservadores por momentos están tranquilos porque esa tarea de horadar y contener los cambios no es necesario que ellos la lleven adelante, porque eso lo está haciendo el progresismo.
Es importante no caer en esas trampas. Ante esta situación, para no desembocar en otra constitución tramposa, y para ser fieles a esa demanda ciudadana mayoritaria para proteger el ambiente, se debe insistir en los cambios constitucionales.
Notas
1. El extractivismo expectante: la concesión minera de la Constitución del 80 amenaza la nueva constitución. K. Ardiles Ordenes y L. Cuenca Berger, Diario U. Chile, 14 mayo 2022, https://radio.uchile.cl/2022/05/13/el-extractivismo-expectante-la-concesion-minera-de-la-constitucion-del-80-amenaza-la-nueva-constitucion/
2. La mitad de los chileno cree que el medioambiente es urgente en la discusión constituyente, D. Fajardo Cabello, La Tercera, 14 mayo 2022, https://www.latercera.com/pulso/noticia/la-mitad-de-los-chilenos-cree-que-el-medioambiente-es-urgente-en-la-discusion-constituyente/RPVQT4LOVZHL7JZRFKHRFJZ2E4/
3. 13 puntos separan esta semana al Rechazo (48%) del Apruebo (35%) en el plebiscito de salida, CADEM, 8 mayo 2022, https://cadem.cl/estudios/plaza-publica-434-13-puntos-separan-esta-semana-al-rechazo-48-del-apruebo-35-en-el-plebiscito-de-salida/
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Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) y es investigador asociado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). Las opiniones son personales y no comprometen a estas instituciones. Publicado el 14 de mayo 2022.
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