Estrategia del litio en Chile: alianzas público – privadas

Corría junio de 2024 y la prensa daba a conocer que 54 empresas de 10 países respondieron positivamente al llamado del Gobierno chileno de mostrar interés en la exploración y explotación de litio. En total, 26 salares fueron objeto de interés, ante lo que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que “estamos hablando de 88 propuestas, de 54 empresas distintas, de 10 países diferentes, lo que indica un interés muy amplio por invertir en esta industria (…) vamos a poder abrir un proceso de licitación con todos los requerimientos legales y de procedimientos para que se puedan materializar esas inversiones”.

Sin embargo, siguiendo la tendencia de la propia Estrategia Nacional del Litio – ENL, el proceso contó con una ausencia total de transparencia. En concreto, el llamado del gobierno chileno que apuntó a que las empresas manifestaran su interés para desarrollar proyectos de exploración y explotación de litio fue amplificado por la prensa empresarial como también por los propios representantes del gobierno como parte de lo que han denominado una “virtuosa alianza-público privada” donde, en concreto, el Estado facilita el ingreso de capitales para explotar los bienes naturales. Pero la información entregada no fue suficiente.

Por esta situación, desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) ingresamos una solicitud de transparencia a la Subsecretaría de Minería, requiriendo el listado de las empresas que se mostraron interesadas por la explotación de los salares. Pese a esto, la respuesta del organismo fue denegar el acceso a la información apelando a su confidencialidad.

Ante esto, en septiembre de 2024 ingresamos un amparo ante el Consejo para la Transparencia, el cual finalmente respaldó la solicitud y requirió a la Subsecretaría de Minería que entregara la información “sobre el listado de las 54 empresas que mostraron interés en el litio de salares de Chile, así como los salares por lo que se interesó cada empresa”.

Pero la situación no quedó ahí. El empresariado se sumó a la respuesta de la cartera de Minería y optó por continuar judicializando la transparencia, negándose al acceso a la información y presentando dos reclamos de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Las empresas

Uno de los recursos ha sido interpuesto por Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A (SOMINOR), empresa vinculada al Grupo Errázuriz que había recibido la venia del gobierno de Sebastián Piñera tras declararla como una de las ganadoras por una licitación que favorecía la explotación del litio, pero que fue finalmente suspendida por profundos cuestionamientos al proceso. Pese a esto, el Grupo Errázuriz mantiene un gran interés en la explotación del litio en Chile, siendo uno de los casos más icónicos Producción de Sales Maricunga, proyecto que pretende extraer el mineral en el Salar de Maricunga (Región de Atacama) , y que recibió un portazo tras haberse dejado sin efecto su Resolución de Calificación Ambiental tras ordenarle la realización de una consulta indígena.

El segundo recurso ha sido ingresado por la transnacional Enel a través de su subsidiaria Enel Green Power Chile S.A. La transnacional de capitales italianos, con fuerte presencia en Chile, recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago en un contexto donde ha abordado comunicacionalmente la importancia del negocio de las baterías para almacenamiento, mientras en el plano internacional ha desarrollado alianzas para investigar tecnologías relacionadas a la extracción de litio.

Ambos recursos se encuentran actualmente en la Corte de Apelaciones de Santiago, esperando ser abordados para poder obtener una transparencia mínima del proceso de interés que existe sobre los bienes naturales de Chile, y que la llamada “virtuosa alianza público-privada” se ha esforzado tanto en ocultar. Esta misma lógica, de ausencia total de transparencia y esfuerzos dirigidos para realizar tramitaciones entre gallos y media noche, es la que ha impregnado el espíritu de la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el gobierno chileno. Lo fue el proceso inicial de diálogos, con una limitación total de participación; también lo fue el acuerdo entre SQM-Codelco que contribuye al proyecto empresarial bajo la ilusoria imagen de un mayor rol del Estado; como también lo ha sido la adjudicación de la asociación de Codelco y Enami con la cuestionada transnacional Río Tinto para desarrollar los proyectos Paloma y Salares Altoandinos.

Pues bien, pareciera ser que lo “virtuoso” de la alianza político-empresarial guarda más de omisiones y negocios entre cuatro paredes que construcciones colectivas y proyectos transformadores.

Por Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA

Fuente: En Radio Universidad de Chile, publicado el 13 agosto 2025.

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